Bernardo Ancidey
En Venezuela, desde 1984 hasta el
año 2007, el proceso de ingreso a la educación universitaria pública, administrado
por la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional
de Universidades, OPSU-CNU, se realizó en base a un proceso en el cual jugó un
rol importante la llamada Prueba de Aptitud Académica o PAA. Paralelamente,
diferentes instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, han
venido realizando las llamadas pruebas internas o de admisión como forma
regular para seleccionar a los estudiantes que aspiran ingresar en los
diferentes programas de estudio. Recientemente, el 16 de diciembre de 2016, el
Consejo Nacional de Universidades decidió ejecutar una decisión acordada en el
año 2008 con la cual se pone fin a las pruebas de ingreso en las universidades
públicas venezolanas.
Las pruebas son actualmente objeto
de debate en razón de que algunos las consideran como la vía más adecuada para
seleccionar aquellos estudiantes más
aptos o de mayor calidad para iniciar y proseguir con éxito una
carrera universitaria, además que constituyen una oportunidad para que todos
sin importar su condición y aún aquellos con bajo promedio de bachillerato,
puedan ingresar en la carrera de su preferencia. Para otros, en cambio, las
pruebas son un mecanismo perverso de selección que discrimina a los sectores
marginados de la sociedad, favoreciendo de manera desproporcionada en el
ingreso a la educación superior a los sectores más pudientes al compararlos con
su participación en la composición socioeconómica de la población venezolana o con
la de los aspirantes. En este trabajo se asumirá esta última posición.
Origen de las pruebas de ingreso a la educación
superior venezolana
La existencia de las
pruebas como forma de seleccionar a los aspirantes que van a ingresar a la
educación superior está íntimamente vinculada con la necesidad de restringir el
ingreso a la educación superior. Fenómeno que no siempre existió en la
educación superior venezolana en vista que la existencia de las pocas
universidades públicas (ULA, UCV y LUZ) y privadas (UCAB y USM) existentes
hacia fines de la década de los años 50 del siglo pasado, era suficiente para
recibir al también reducido número de bachilleres (11.000 según Morles, Medina
y Bedoya, 2003) que aspiraban realizar estudios universitarios.
Hasta entonces se
asumía que el aspirante sólo debía contar con su título de bachiller para
ingresar en una universidad, incluso la movilidad dentro de la propias
universidades era bastante flexible. No sería sino con la masificación de los
estudios secundarios y su consecuente incremento en el número de bachilleres la
razón fundamental para comenzar a pensar en restringir el acceso a la educación
superior. Y fue a partir de un problema de capacidad física de las
instituciones de educación superior cuando comenzaron a desarrollarse todo tipo
de argumentos para justificar una política restrictiva en el cupo universitario.
La solución, como lo
apuntaban en ese entonces, los llamados comités
de bachilleres sin cupo, estaba simplemente en el incremento de la
cobertura universitaria. Sin embargo, como los Gobiernos de turno no estaban
interesados en satisfacer de manera prioritaria las necesidades de la población
sino los intereses de unos pocos. La respuesta fue introducir elementos hasta
entonces desconocidos en la educación venezolana provenientes del mundo
empresarial. Conceptos tales como eficiencia, eficacia, calidad, productividad,
créditos, entre otros comenzaron a ser cada vez más frecuentes en el discurso
de autoridades universitarias, organismos internacionales y en el gobierno,
sirviendo de sustento para iniciar las políticas restrictivas del cupo.
Es en este marco en que
comienza a plantearse en el seno del Consejo Nacional de Universidades para el
año 1973 (Fuenmayor, Vidal, 2000), el establecimiento de mecanismos para
regular el ingreso a las instituciones de educación superior y para ello se
comenzó a justificar la selección de los aspirantes, en base a argumentos tales
como que no todos nacieron para ser universitarios, o que se debía demostrar
que además del título se debe tener ciertas aptitudes para la carrera que se
aspiraba cursar. Es decir un problema de capacidad física que debía ser
resuelto ampliando la cobertura, se ideologizó al desviar el foco de atención
de las responsabilidades del Gobierno y de las autoridades universitarias,
hacia unas supuestas condiciones que debía exigírseles a los aspirantes para
poder ingresar a una universidad.
En un primer momento el
proceso se basó fundamentalmente en el uso de un índice académico obtenido en
base al promedio de las notas de bachillerato. Para el año 1984 el índice
comenzaría a construirse sobre la base del promedio de notas y de los
resultados obtenidos en las Pruebas nacionales de admisión administradas por la
OPSU. Paralelamente con este proceso, se observó a partir de fines de los años
80, que el Gobierno Nacional dejó de intervenir activamente en los procesos de
asignación de cupos a las universidades a través de CNU-OPSU, para trasladar
cada vez en mayor proporción dichos procesos a las propias instituciones de
educación superior. Tal como lo recoge Fuenmayor (2002,p. 38), en 1998, la
asignación por vía de OPSU-CNU fue de 13% de los aspirantes a ingresar,
mientras que por los mecanismos de admisión internos de las universidades
ingresó el 87%.
Muchas de éstas instituciones
adoptaron como vía de ingreso, en cada vez mayor proporción, a las pruebas
internas y otras formas de ingreso, entre las cuales destacan, lamentablemente,
los llamados convenios mediante el cual los profesores y empleados
universitarios se convirtieron en una especie de casta hereditaria que se
reproduce a si misma por la vía de garantizarle a sus hijos el privilegio de
ingresar a una Universidad pública en razón exclusivamente de la sangre. Todo
ello en detrimento del resto de los venezolanos que aspiran estudiar en dichas
casas de estudios y que debían someterse a procesos largos y a veces costosos
para intentar ingresar.
Es de
notar que con todas las críticas que pudieran hacérsele a los procesos de
asignación vía CNU-OPSU, al menos en sus primeros años no generaron mayor
discriminación social, ingresando a las instituciones de educación superior
estudiantes provenientes de todos los sectores sociales en proporciones
similares a su presencia en la sociedad venezolana. Sin embargo el empleo tanto
de la PAA como de
las pruebas internas comenzaron a desbalancear la composición social de los
nuevos inscritos a favor de los sectores de mayor nivel socioeconómico.
Fundamentos teóricos de las pruebas de ingreso. Los conceptos de
inteligencia y de aptitud. El mito de la aptitud y de la inteligencia
Entre los argumentos favoritos de
los defensores de las pruebas internas destacan los siguientes:
- No todo el mundo nació para estudiar en una universidad. Muy ligado a lo anterior está el que señala que se requieren formar personas en oficios y otros trabajos que no requieren calificación universitaria.
- Para estudiar una carrera se debe demostrar que se tienen las aptitudes requeridas y las pruebas son un mecanismo apropiado para determinar quienes las poseen.
- Las pruebas son un mecanismo democrático de ingreso porque todos pueden presentarla y no discrimina en base a las condiciones de la persona, ya que la selección se hace en base a criterios puramente académicos. La causa de la discriminación resultante está en la deficiente preparación de los aspirantes provenientes de liceos públicos.
- A través de las pruebas los aspirantes con bajo promedio tienen la posibilidad de ingresar a carreras muy demandadas.
- La PAA era científica ajustándose a criterios de validez y confiabilidad psicométricas.
- Las pruebas son un medio adecuado para ingresar estudiantes de calidad y de esa forma contribuir a mantener la calidad institucional.
Aunque algunos desconozcan sus
orígenes, la PAA
o las pruebas internas como mecanismo de selección para el ingreso
universitario se apoya en el supuesto que las mismas constituyen mecanismos
objetivos para determinar la presencia o no de determinadas condiciones o aptitudes
que son fundamentales para el éxito en una carrera universitaria. De este modo
tanto la PAA como
las pruebas internas mostrarían con sus resultados un cierto efecto predictivo
en el desempeño futuro como estudiante. La base científica para realizar tales
aseveraciones la constituye la psicometría y ésta en su versión reduccionista
se apoya en el plano metodológico, en el positivismo; en el contexto
ideológico, en el darwinismo social; y en lo científico, en el determinismo
genético (Ovejeros, 2003, p.36). Antes de continuar es necesario precisar qué
es y cómo surge la psicometría.
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